El tono de urgencia del presidente Santos en su intervención en la Cumbre del Clima el pasado martes ante la Asamblea General de la ONU mostraba a un mandatario defensor del patrimonio natural del planeta con grandes preocupaciones sobre el calentamiento global y los impactos de este sobre el territorio nacional. Su corbata verde entonaba con su vehemente discurso mandándole un mensaje de solidaridad a los ambientalistas del mundo y un parte de tranquilidad a su política de desarrollo. Sin embargo, como dicen las abuelas: “de eso tan bueno no dan tanto.”
Lo cierto es que mientras mostraba un discurso firme en cuanto a la protección del medioambiente en la primera avenida de la gran manzana, aquí el panorama es diferente. El agitado debate sobre la reforma al decreto 2820 de 2010 que busca agilizar el trámite de las licencias ambientales y que ha sido llamado la aprobación de las licencias exprés, anunciada por el ministro Gabriel Vallejo el 19 de septiembre, muestra una política más gris que verde en términos de desarrollo.
El país no está preparado y no tiene la capacidad financiera ni administrativa para dar un trámite ágil y riguroso a estas licencias. Aunque el ministro junto con el nuevo director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),Fernando Iregui, afirmaron en una rueda de prensa el pasado 25 de septiembre que el interés no es acortar los tiempos, sino implementar procesos rigurosos y definidos, pareciera que por el afán de tramitar grandes proyectos de interés nacional (PINES) no solo se está desconociendo el inventario biológico de las zonas más vulnerables del país, sino el hecho de que pueden desencadenarse una serie de problemáticas regionales que deben ser asuntos prioritarios en este debate.
Como dice Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, “Lo cierto es que en los últimos 12 años el crecimiento del país en términos ambientales en vez de fortalecerse se ha debilitado. El saldo ha sido dejar unas entidades raquíticas a las que ahora pretendemos pedirles que corran más rápido en la carrera de convertirnos en un país moderno y competitivo”. Un ejemplo de esto es la disminución progresiva del presupuesto de las entidades ambientales que deja en evidencia que el desarrollo neutro en carbono del que tanto hablaba el presidente en su discurso en la ONU es un saludo a la bandera.
Si se mide el debilitamiento de estas instituciones en términos presupuestales el decrecimiento, como lo afirma el economista Guillermo Rudas, ha sido dramático: “para el año 1998 el presupuesto asignado a las entidades ambientales en su totalidad era el 0.74 del presupuesto general de la nación (PIB). Según mis cálculos, el próximo año llegará a ser el 0.23 del PIB”. Lo que esto muestra es que no solo se ha reducido a una tercera parte de lo que era hace 12 años, sino que es imposible llevar adelante las grandes políticas ambientales que requiere el país con una capacidad financiera tan insignificante.
Gabriel Vallejo, Ministro de Medio Ambiente (Daniel Reina /SEMANA)
En la ya mencionada rueda de prensa el ministro Vallejo también afirmó que, por primera vez, se harán visitas de campo para verificar que los estudios ambientales que se exigen para entregar las licencias sean veraces. También afirmó que el presupuesto faltante que necesita el ministerio para que todas sus entidades puedan llevar a cabo sus procesos con tranquilidad se está consiguiendo con ayuda de la cooperación internacional y se ha debatido en reuniones con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Sin embargo, ¿es posible hacer estas visitas como se debe con un presupuesto ínfimo? ¿Podemos seguir esperando?
Además, el ministro anunció que la modificación del decreto no hace que las licencias sean exprés. Según dijo, los 90 días que dura la tramitación de una licencia ahora durarán 70 días. Así, el proceso quedará en tres meses. Aquí es donde es pertinente hacer otra pregunta que es, ¿Será cierto que se pueden hacer evaluaciones ambientales rigurosas de proyectos complejos en un periodo de tres meses?
Ante este panorama el mensaje no es que se pare de desarrollo. Todos queremos que el país se desarrolle, que se construyan carreteras y que la economía colombiana se fortalezca con extracción sostenible de sus recursos. Sin embargo, para que esto suceda debemos invertir en el fortalecimiento institucional de nuestras autoridades ambientales. No dejarlas a la merced de la corrupción local y el enriquecimiento de unos pocos. Si analizamos que tan solo 30 de las 2.200 licencias ambientales pendientes en proyectos mineros le competen a la ANLA, por ser proyectos de interés nacional, y que las otras 2.170 licencias deben ser tramitadas por las CAR nos damos cuenta que estamos ante un problema de gran envergadura.
Uno de los temas de los que poco se ha hablado en la discusión de las licencias exprés es el de las obras 4G. Para muchas comunidades indígenas que serán afectadas por la interconexión vial de nuestro país el problema no es el diseño y construcción de los tramos, sino la proveniencia del material de construcción que muchas veces es sacado localmente. El mayor desorden institucional y el que más daño le hace al ambiente es la extracción de materiales de construcción de estas obras de lugares como: las cuencas de los ríos, los canales, etc., cuya explotación se multiplicará en todas las regiones del país para atender la demanda de las nuevas megaconstrucciones de infraestructura.
Casos concretos como el de las 75 licencias ambientales que fueron adjudicadas a canteras en la Sierra Nevada de Santa Marta para explotar material de arrastre que luego era usado en las obras de construcción de la Ruta del Sol y que enfureció a las autoridades indígenas, parando durante meses el tramo tres de la Ruta, muestran que el problema de las licencias exprés no solo tiene que ver con la obra en cuestión, sino con una serie de externalidades que afectan el territorio y la autonomía de los pueblos que lo habitan.
Este proceso también ayuda a ilustrar que un aceleramiento de licencias ambientales puede posiblemente poner en jaque las consultas previas a los pueblos indígenas y afrodescendientes, que ocupan 36 por ciento del territorio nacional.
A pesar de que el ministro Vallejo afirmó que la modificación del decreto no tocará ninguno de los puntos relacionados con consultas previas, audiencias y participación, es necesario tener en cuenta reflexiones como la de Andre Viana Garcés, abogada constitucionalista, “apurar el licenciamiento ambiental genera un condicionamiento sobre las consultas previas que es inconstitucional porque no se pueden poner tiempos específicos para todos los pueblos y proyectos de forma uniforme. Por ejemplo, los cuatro pueblos de la Sierra,no sólo son cuatro pueblos que celebran consultas juntos, sino que además tienen cientos de cuencas a las que sus autoridades deben ir a consultar antes de tomar una decisión. Ningún pueblo indígena puede tomar decisiones sin consultar con la base. Y ese proceso debe tomarse el tiempo necesario según los usos y costumbres de cada uno. Para conocer estos tiempos está el diálogo de la preconsulta".
A la de Viana Garcés se suma la voz de Gloria Amparo Rodríguez, directora de la Especialización y de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, quien afirma que este recorte en los tiempos para procesar las licencias ambientales tiene tres problemas graves: “Primero, es un tiempo insuficiente para que la institucionalidad maneje y procese una cantidad monumental de información. Segundo, si se generan daños por no hacer una evaluación ambiental adecuada, ¿quién responde por esos daños? ¿El estado? ¿Los funcionarios? Y tercero, hay que tener en cuenta el convenio 169 de la OIT donde se establece que es prioritario tener en cuenta los usos y costumbres de las comunidades en los casos de licencia. Y eso no es una reunión y ya. Eso tiene procedimientos y protocolos especiales”.
Otro asunto que preocupa a la opinión pública es que con esta modificación se le de vía libre a proyectos que llevaban años estancados esperando la aprobación de la licencia ambiental como Santurbán, La Colosa y, por supuesto, el fracking en campos petroleros. Sobre este último Vallejo fue contundente al decir que sí se necesitará una licencia ambiental nueva o la modificación de la existente para ejecutar esta práctica exploratoria.
Frente a esto es clave que tanto el ministro como el gobierno en general tengan en cuenta que para no caer en áreas grises es necesario asumir lo que dice Viana Garcés quien señala que, en cuanto al fracking y las licencias, no se puede ignorar que “en aquellos casos en los que se va a modificar el tipo de exploración de hidrocarburos en campos petroleros ya licenciados se tendrá que hacer una modificación de la licencia. Esa modificación necesariamente incluirá un cambio en el estudio de impacto ambiental, casi un estudio nuevo. En ese sentido es muy importante resaltar que como se trata de un estudio ambiental nuevo y, en consecuencia, de impactos nuevos esa modificación de la licencia debe ser sometida a consulta previa”.
Todo esto ratifica lo que predijo Manuel Rodríguez hace un año en su columna de opinión para El Tiempo cuando criticó que: “en Colombia se estableció un absurdo ‘licenciamiento ambiental exprés’, al que se suma la insuficiente capacidad técnica de la ANLA para procesarlo”. Este licenciamiento exprés, no solo demostrará la incapacidad que tiene el país de asumir una política de desarrollo que parece más apropiada para un país del primer mundo, sino que denota que el medio ambiente no es la prioridad en un país que pretende ser justo, moderno y en paz.
*Directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana.
