Insaciables. El planeta industrializado y la población que se multiplica no dejan una gota libre: hacen las veces de un gigante sediento. Si a esto se le suma el cambio climático, tenemos el complemento que nos está llevando a la crisis del agua de la que ya se ha empezado a hablar con fuerza, y que será la más grande de nuestra era. Se acabaron los tiempos en los que se creía que el agua era infinita.
Cuando los sociólogos dicen que vivimos en una sociedad líquida, definitivamente no se refieren a que tenemos superávit de agua. Más bien, nos estamos secando y, sin pretender ser alarmistas, la hidrocalipsis es inminente. Dentro de quince años el 40% de la población mundial vivirá en áreas de alto estrés hídrico. Se calcula que para el 2055 aproximadamente 170 millones de personas en América Latina sufrirán escasez de agua. Sin necesidad de proyectarse tan lejos, la cifra de personas que actualmente no cuenta con el servicio de agua y desagüe en el Perú es bastante alta: más de 7 millones, según la Defensoría del Pueblo.
Si las resoluciones no fueran letra muerta esta realidad sería cosa del pasado, porque desde hace cuatro años el agua se considera un derecho humano, consagrado en una tensa reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que, a fuerza de convencimiento y tenacidad, 161 países votaron a favor. Un efecto de este acuerdo es que no se le puede negar el derecho a los que no puedan pagarlo. El Estado tiene la obligación de poner agua y desagüe donde no haya. Este derecho debe estar incorporado en todas las Constituciones.
Se trata de una lucha que tiene más de 15 años. Uno de los que más hizo por darle a este servicio dicha categoría fue el embajador boliviano ante las Naciones Unidas, Pablo Solón. Y fue una pelea estresante - hablando hídricamente - porque la oposición movía montañas. Los que se opusieron argumentaron que el mundo no estaba preparado para dar ese paso. Algunos querían que la resolución se parafrasee de otra manera para restarle fuerza. El Mahoma que mueve las montañas es el World Business Council for Sustainable Development, una organización conformada por 300 miembros que reúne cada tres años a expertos y gobernantes para establecer políticas globales y de financiamiento. Está integrado por corporaciones de agua e ingeniería, asociaciones de la industria del agua y bancos de inversión. Su ex presidente, Loïc Fauchon, es dueño de Suez y Veolia, dos de las más grandes empresas de agua que poseen más de dos tercios de las operaciones privadas en todo el planeta. Otra es la International Federation of Private Water Operators (Aquafed), y la recientemente creada Water Resources Group, que ha recibido fondos por 1 millón y medio de dólares, y que asocia a grupos públicos y privados, así como a las empresas Nestlé y Coca Cola. Estas dos, además de la Pepsi Cola, son objeto de fuertes críticas por su explotación y tratamiento del agua.
Actualmente colisionan dos posiciones antagónicas que están en el centro de la polémica. La primera promueve la privatización del servicio, mientras que la segunda sostiene que el agua no debe volverse una mercancía negociable en el mercado. Según Maude Barlow, especialista en el tema y autora del libro Futuro azul: “Existe un cártel que busca controlar las fuentes de agua en el mundo. Hay ‘señores del agua’ que presionan a los líderes políticos que se hacen de la vista gorda y promueven el crecimiento desmedido, el comercio desregulado y la libre actuación de las transnacionales que no tienen reparo en destruir las fuentes de agua.” La tesis que sostienen las organizaciones que se oponen a este modelo es que el Banco Mundial ha convencido a los países pobres de contratar a empresas privadas de agua, haciendo que el recurso se vuelva propiedad privada de las empresas corporativas que pueden comercializarla.
Dicho banco continúa financiando proyectos privados en vez de potenciar los servicios públicos. Una cuarta parte de los fondos que destina va directamente a corporaciones del sector privado, pasando por encima de los gobiernos. “Este modelo comercial implica que los individuos deben pagar el costo total del servicio con el criterio de que el agua debe tener un precio, en vez de buscar fondos que subsidien su verdadero costo”, afirma Barlow.
Sin embargo, según Luis Isarra, secretario general de La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú (FENTAP), en el caso peruano es el Gobierno el que es más papista que el Papa: “El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo ya no condicionan sus préstamos a que el servicio del agua esté a cargo de un operador privado. Nosotros nos hemos reunido con su gente y nos dijeron que si un préstamo venía con cláusulas de concesión era porque se incluían desde Perú. Y, más bien, han sacado publicaciones en las que manifiestan que el fracaso de privatización en el mundo es total, además de un costo social muy grande. Por eso están entregando recursos económicos sin condicionar la privatización”.
Otras discusiones que están en el candelero se refieren al uso del agua para consumo humano e industrial. ¿Los que usan el agua para cubrir sus necesidades básicas deben pagar las mismas tarifas que los que, además, la usan para llenar sus piscinas? ¿Por qué el agua para la agricultura, industria y minería es tan barata, teniendo en cuenta de que se trata del 70% al 90% del agua del mundo? ¿Por qué el bombeo y la extracción de agua subterránea es una práctica que se ha duplicado en los últimos 40 años?
En Europa se está cuestionando mucho el desperdicio del agua, alertados por el calentamiento del planeta y la inminente crisis que se avecina. Se habla ahora de dos conceptos: agua virtual y huella hídrica. El primero tiene que ver con sembrar en los lugares donde hay abundante agua y vender donde no la hay. La huella hídrica hace referencia a la cantidad de agua que se requiere para producir un producto. Por ejemplo, en una taza de café no solo se emplea los 2000 ml de la tacita, sino todo lo que implica procesar el grano. La aplicación de estos dos conceptos debería replantear la manera de hacer agricultura.
Después de la votación que consagró el agua como derecho humano, aparecieron las contradicciones que se dan cuando se pasa del dicho al hecho. Por ejemplo, Chile votó a favor de la resolución en la Asamblea General de la ONU, pero sus tarifas son las más altas de América Latina. En 1981 el gobierno militar otorgó derecho perpetuo para administrar el sistema de aguas a ciertas corporaciones, y esto quedó oleado y sacramentado en su Código de Aguas. Según Barlow: “En Chile un puñado de corporaciones, la mayoría extranjeras y del sector exportador, han concentrado la propiedad del agua. Tres compañías son dueñas del 90% de los derechos para generar energía a nivel nacional. Esto ha creado tensión entre las comunidades y las compañías”. En Antofagasta, la minería consume mil litros por segundo, y las empresas poseen el 100% de los derechos de agua del subsuelo.
Patricia Jones es directiva del Unitarian Universalist Service Committee de Estados Unidos. Manifiesta que hasta el 2012 el derecho humano al agua no estuvo en el marco jurídico de ese país. Cuando la gente no puede pagar el servicio se lo cancelan. Según las leyes norteamericanas, si no hay agua en una vivienda el Estado debe intervenir, y si hay niños viviendo en ella, debe entregarlos a instituciones estatales para que se hagan cargo de ellos. El Departamento de Salud puede ordenar el cierre de las viviendas en las que se haya cortado el servicio y, por si fuera poco, impedir el ingreso de sus propietarios. “Yo pienso que esa es una práctica brutal. Nosotros hicimos una campaña en la ciudad de Boston, donde se paga un promedio de 50 dólares por persona a la empresa pública de agua. Logramos que asuma una política sobre el derecho al agua. Ahora en Boston no pueden cortar el agua en los hogares donde hay niños o personas con enfermedades graves o discapacitadas”, añade. Hace poco han iniciado otra campaña para que las empresas asuman un tipo de tarifas que contemple los subsidios para las poblaciones más vulnerables y de menores ingresos.
España, que fue otro entusiasta defensor de la resolución, promueve resorts turísticos y campos de golf que consumen grandes cantidades de agua. En ese país la industrialización, el crecimiento poblacional y el estilo de vida que fomenta el alto consumo generan los problemas. Los municipios elevan las tarifas para transportar y desalinizar el agua para el consumo, y les cortan el servicio a los que no pagan las boletas. En un reciente referéndum en Sevilla y Madrid se impuso mayoritariamente la posición de regresar a la gestión pública del agua.
Las voces que plantean que la privatización como la única solución al caos son influyentes. Pero conforme se van acercando las campañas electorales el mantra privatizador baja su intensidad por tratarse de una propuesta anti popular
Agüita, yaku, water
Se puede afirmar que todavía la tendencia global se inclina hacia la corporativización de los servicios de agua. Los gobiernos siguen transformando sus empresas públicas en corporaciones en las que el Estado se queda con la mayoría de acciones, y se manejan por los principios de rentabilidad del sector privado.
El ejemplo de Estados Unidos es interesante porque en ese país los pequeños operadores privados estaban organizados en federaciones corporativas. Pero en los últimos 40 años hubo un cambio: las empresas fueron compradas por grandes corporaciones como Suez y Veolia, y el panorama cambió radicalmente. Suez actualmente opera 90 empresas y brinda servicios a 5 millones de usuarios.
Sin embargo, el lecho de flores se está llenando de espinas. En 1990 la privatización del agua parecía el negocio redondo de las multinacionales que ingresan a los mercados que antes estaban controlados por los propios estados. Una década después empezaron las desavenencias en muchos de los países donde estaban operando, sobre todo por la resistencia de la población al aumento de los precios y a la privatización, el incumplimiento o rescisión de contratos, y las pérdidas en los contratos. “Suez ha anunciado que recortará en un tercio las inversiones en los países ‘en desarrollo’, y Veolia está haciendo lo mismo; pero siguen intentando expandirse en China y en los países en el norte de África, Oriente Medio y Europa del Este, así como en la misma Unión Europea”, sostiene David Hall, investigador especializado en servicios públicos de la Universidad de Greenwich.
Las empresas matrices están vendiendo varias de sus operadoras internacionales. Según Hill, el grupo alemán RWE ha declarado que venderá Thames Water, que ya se está desprendiendo de sus operaciones internacionales. La constructora francesa Bouygues ya vendió la mayoría de operaciones internacionales de SAUR, la tercera mayor empresa de agua de Francia, a inversores financieros.
En este momento la estrategia es la retirada o la expansión selectiva. “ Debido a la oposición pública, la fluctuación de divisas y a la incapacidad de conseguir tasas de rentabilidad fiables, las grandes empresas se han visto obligadas a limitar sus pérdidas y riesgos, reduciendo las inversiones en los ‘países en desarrollo’. Así lo exigen los accionistas que no están dispuestos a aceptar una rentabilidad baja o de alto riesgo”, afirma el investigador.
Rosa Pavanelly es una italiana que desde el año pasado ejerce el cargo de secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical que representa a 20 millones de trabajadores de 150 países. Ella es una convencida defensora del agua pública y de su gestión pública. Sostiene que en su país después de dos años de lucha, y de un referéndum en el que 97% de los ciudadanos apoyaron la decisión de acabar con la privatización del servicio, están logrando que las multinacionales del agua abandonen Italia.
Hay una tendencia a regresar a la municipalización del agua. En Alemania, concretamente en Liepzig y Berlín, se hicieron consultas ciudadanas en las que la mayoría votó por el regreso a la gestión pública. Pavanelly afirma: “La calidad de los servicios no ha mejorado y las tarifas siguen subiendo. El privado solo quiere hacer lucro lo más rápido posible. En Paris, por ejemplo, se municipalizó el servicio, y en solo dos años la tarifa bajó a la mitad. La calidad ha mejorado y el gobierno local ha invertido en agua y saneamiento”. (¡Ulalá! Parece que nadie es profeta en su propia tierra).
En América Latina el camino de Bolivia fue parecido al de Chile. En ese país se produjo un largo proceso de privatización del agua en los años 90, promovido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Las dos más grandes empresas de agua, la de Cochabamba y La Paz, fueron privatizadas. A las que estaban trabajando a pérdida se les repotenció para que entraran los operadores privados. Después se creó la Superintendencia de Servicios Básicos, el ente regulador. En el año 1997 la empresa La Paz-El Alto se le entrega en concesión a Aguas de Ilimani, subsidiaria de la francesa Suez, y Cochabamba a la estadounidense Bextel.
El especialista boliviano, Julián Pérez, sostiene que el compromiso de Suez fue realizar en cinco años 72 mil nuevas conexiones en La Paz y en El Alto. Siete años después, en el 2005, el conflicto explotó en las calles porque la empresa no cumplió con el contrato: Realizó solo 52 mil conexiones, dejando a 200 mil personas sin agua. “Lo insólito es que la inversión para esas 52 mil conexiones vino del bolsillo de los ciudadanos de El Alto que pagaron 500 dólares por la instalación, que son 8 salarios mínimos, y quedaron endeudados porque les dieron créditos blandos”, afirma Pérez.
Además, las tarifas se indexaron al dólar. Si éste subía, la tarifa también. La empresa tampoco instaló medidores, así que el que consumía y el que no, pagaba lo mismo. No se les ocurrió que debían instalar desagües, entonces en vez de extender la red de alcantarillado sanitario conectaron la que existía a los ríos de El Alto y a otros que desembocan en el Lago Titicaca. En otras palabras: no habían contemplado el traslado de los excrementos a una planta de tratamiento.
La fuerza de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto se hizo sentir, y el gobierno boliviano tuvo que iniciar las negociaciones para que la empresa francesa se fuera. El corolario de esta historia es: Más vale regular conocido que malo por conocer. Volvieron al sistema manejado por el operador público que por lo menos antes les había brindado agua, alcantarillado y desagüe fluvial. Otra compensación estatal fue la puesta en marcha de la tarifa solidaria a nivel nacional, por la que no hay aumentos para el que consume menos de 15 metros cúbicos al mes.
Agua que has de beber (en el Perú)
El agua potable todavía es un lujo citadino. Lima es un desierto y cada vez hay más edificaciones, pero no se están tomando medidas que logren mitigar este problema. La receta acá es la que está en camino a ser proscrita en los países que hemos mencionado: la administración privada del agua.
Existe a nivel nacional, desde hace mucho tiempo, un cuestionamiento a la mala gestión de Sedapal. La FENTAP es una de las organizaciones sindicales más grandes del país, un muro de contención que está resistiendo el huayco. “¿Pero por cuánto tiempo más?” – se pregunta Isarra. “Se ha aprobado la ley 30045, de ‘modernización’, por la cual se estarían privatizando todas las empresas de agua, mientras que en el mundo existe una vuelta a la municipalización del agua”, agrega.
Las voces que plantean que la privatización como la única solución al caos son influyentes. Pero conforme se van acercando las campañas electorales el mantra privatizador baja su intensidad por tratarse de una propuesta anti popular. La prueba está en que, a pesar de todos los temores y de las grandes presiones que existen alrededor, ningún gobierno se ha atrevido a privatizar Sedapal.
La única experiencia de privatización , desastrosa por cierto, se inicia en julio de 2005 en Tumbes. A escasas horas de que Alejandro Toledo deje la presidencia y Carlos Bruce el Ministerio de Vivienda, Proinversión entregó en concesión a la empresa argentina Atusa la administración del agua en ese departamento. El próximo año se va a cumplir una década de esta primera experiencia de gestión privada, y la gente se sigue quejando de que el agua sale de manera intermitente o que solo sale algunos días. La empresa no ha cumplido con las conexiones que prometió y las tarifas se han disparado. En los últimos años ha sido amonestada seis veces por la Sunass. El modelo no resultó tan modélico como habían prometido.
En Tumbes se decía que el Estado no tenía recursos para invertir y que se necesitaba capital fresco. “El gobierno peruano gestionó 8 millones del banco alemán KFW, otros 8 millones fueron donados por ese mismo banco que se los entregó al operador, y el BCR sacó otra partida. De manera que se hizo un bolsa de 28 millones que le entregaron a Atusa. Ellos debían cumplir 8 o 9 compromisos del contrato de concesión. De esos solo han cumplido uno que es el incremento de tarifas. Este proceso ya debió revertirse. La gente de Tumbes se sigue muriendo de sed. Ha sido un fracaso total”, refiere Isarra.
Pero lejos de quitársele la concesión por incumplimiento de contrato, se está pensando replicar esta experiencia en otros lugares: el gobierno nacionalista ha abierto esa posibilidad con la promulgación de la ley 30045 de modernización de los servicios de saneamiento.
En el Perú actualmente existen en actividad 50 empresas de agua: 48 municipales, una pública (Sedapal) y una privada. Con la nueva ley se busca quitarle poder a los alcaldes, creando el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass),supeditado al Ministerio de Vivienda, que se encargará de la vigilancia de la administración del recurso hídrico. (Antes esta decisión recaía sobre los alcaldes quienes, de común acuerdo, le entregaban a Proinversión la empresa de agua para que este organismo se lo entregue a una empresa privada. Ahora quien tendría esta responsabilidad sería la Otass)
Este nuevo organismo también recorta las funciones de la Sunass, que es autónomo. Lo presidirá un representante del Ministerio de Vivienda y lo integrará un representante de la PCM y otro de la Sunass. Sus críticos advierten que se trata de una recentralización.
Pero el gran problema de la ley se encuentra en el artículo 37, en el que se señala que se van a promover a las empresas público- privadas. La FENTAP sostiene que ello implica abrirle las puertas a la privatización.
“Se ha hecho de manera inconsulta, no han participado los alcaldes que de acuerdo a la Constitución tienen que ver con el saneamiento en el país. No han participado las empresas de agua, no han participado los usuarios, ni tampoco lo trabajadores. Se ha aprobado el reglamento y está por aplicarse. Debería llamarse ley de privatización de las empresas de agua que son en este momento públicas y municipales. Lo que no hizo Fujimori lo está haciendo este gobierno”, denuncia Luis Isarra.
Entonces, si la privatización no es el camino, ¿por dónde está la solución? ¿La inversión estatal es una idea anacrónica y absurda? La gente de la FENTAP es consciente que las cosas no pueden seguir por el mismo camino. Su propuesta no es dejar el modelo tal cual, para que la empresa estatal sea abandonada a su suerte -carcomida por la burocracia y la ineficiencia, a pesar de la buena voluntad de sus nuevos directivos - mientras que de forma paralela se ensayan experiencias privatizadoras.
“Nosotros no estamos defendiendo el estatus quo. No queremos empresas deficitarias donde no se atiende oportunamente los usuarios y donde no se respetan los derechos de los trabajadores. Nosotros buscamos un nuevo modelo de gestión participativa en el que existan representantes de los trabajadores y de los usuarios en los directorios de las empresas de agua. Que el manejo esté en manos públicas, pero que esté a cargo de especialistas honestos. Las empresas de agua se han convertido en botines políticos o en caja chica que financia las campañas electorales”, concluye indignado Isarra.
Se decía que las guerras del futuro iban a ser hídricas. Estás ya han empezado y no nos terminamos de dar cuenta. ¿De qué se tratan, finalmente, las convulsiones sociales en Conga y Espinar?
Agua que has de regar (en el Perú)
No es que en el Perú falte agua por el momento, sino que vivimos en una paradoja hídrica. En los lugares donde abunda, vive poca gente, y las áreas más pobladas carecen de fuentes de agua. Con su discurrir caudaloso en ríos cargados, el agua nos ha mandado señales equivocadas, porque puede agotarse de manera irreversible.
Como no se puede generar más agua de la que ya existe, el tema es administrarla bien y cuidarla. Parece sencillo, pero no lo es. Según Ignacio Cancino, ex director de Aquafondo, hay dos alternativas: o se gestiona la oferta o se gestiona la demanda. Lo primero consiste en maximizar las distintas posibilidades que existen a partir de las fuentes de agua. Es decir: trasvasarla, hacer represas o construir hidroeléctricas. Lo segundo es implementar medidas pararepartirla mejor. (En el país se ha priorizado la gestión de la oferta y es lo que nos ha llevado a la situación actual).
La zona en la que tenemos abundancia de agua es la Amazonia, que es la de menos densidad poblacional. En la costa, donde se concentra la población, el agua es escasa. Desde una perspectiva de gestión de la oferta se debería trasvasar el agua para los lugares que lo requieran, y aprovechar su potencial construyendo hidroeléctricas que no solo nos proporcionen vasta energía (para nosotros y nuestros vecinos), sino también ingentes ingresos a partir de la importación de electricidad.
Pero estas obras de infraestructura son monumentales y complejas. Además de su enorme costo económico, tienen un gran impacto ecológico. La construcción de represas está siendo cuestionada en todo el mundo por ecologistas y especialistas, que sostienen que sus costos pesan más que sus beneficios: “Cuando construyes una represa, construyes un gran espejo de agua y ese reflejo genera calentamiento. Esa sopa aumenta la temperatura ambiental y el agua estancada produce un proceso de descomposición de la materia que genera metano. De esta manera contribuyes al calentamiento global en un espacio que es vital para el mundo en general”, sostiene Cancino.
Igual de perjudicial es su impacto social. La construcción de cada represa implica remover a cientos de personas de sus lugares de origen. Advierte Laureano Castillo, de Cepes: “Hacer una represa supone sacar a la gente y a la agricultura que está ahí. Gallito Ciego y cuanta represa quieran hacer implica botar gente para ubicarla no se sabe dónde.”
No existe ningún producto que fructifique sin agua. Ni el cactus más triste ni el más moderno transgénico. En la costa se encuentran las mejores tierras y el interés de los gobiernos siempre ha estado puesto ahí. Pero en la costa no llueve y solo puede realizarse la agricultura de riego. Sin embargo, persistir en el riego por inundación, al menos de la forma en que se está realizando hasta ahora, es agro-suicida. Se calcula que el estrés hídrico va a estallar dentro de 20 años, pero ya regiones como Ica y Tacna lo vienen sintiendo.
Estas señales no parecen ser leídas por el Estado quien se sigue concentrando en las grandes obras de irrigación. El caso de Olmos, en donde se entrega al Grupo Gloria casi la totalidad de agua de ese proyecto, evidencia que el actual gobierno persiste en el mismo camino que sus antecesores, y lejos de sacar lección profundiza un modelo devastador, dejando el concepto de soberanía alimentaria en la más pura abstracción. Se sigue privilegiando la agricultura de exportación en beneficio de los grandes inversionistas.
Témpora Pintado, una piurana con nombre bolañesco, afirma que los reservorios de Paita y San Lorenzo están vacíos, mientras que los de las empresas agroindustriales se rebalsan. Ella acusa a las juntas de regantes que manejan la distribución del agua: “Los presidentes de las juntas se dedican a ver dónde hay dinero y a esos les dan el agua, sin priorizar a los pequeños agricultores”.
La entidad encargada de fiscalizar y regular el uso del agua es la Autoridad Autónoma del Agua (ANA). Esta institución se creó en el año 2008 para darle una mejor regulación a este recurso. Aunque la idea es buena y existen funcionarios competentes, el esfuerzo no se traduce en frutos, ya que no se le ha provisto de los recursos económicos y humanos necesarios para una tarea de esa magnitud.
La ANA no tiene capacidad suficiente para cumplir todas sus funciones. Ni siquiera puede proveer de estadísticas confiables al Estado. Tampoco pueden fiscalizar si se cumple con la prohibición de usar agua subterránea y abrir más pozos en determinados lugares. Como en Ica, que no pueden fiscalizar cuantos pozos hay y si los pozos siguen cerrados.
Uno de los principales cuestionamientos a este organismo es que está subordinado al Ministerio de Agricultura, en un contexto en que se cuestiona el monopolio que la agricultura tiene del agua. Lo ideal sería que fuese un organismo autónomo - lejos de las presiones del Consejo de Ministros - pero para ello debería hacerse una reforma en la Constitución. Lo más viable, entonces, es que pase al Ministerio del Ambiente. (Sin embargo, esta medida parece estar años luz de las intenciones del Ejecutivo. El nuevo paquete económico, más bien, apunta a debilitar aún más a este ministerio.)
En este periodo la ANA ha tenido una actividad intermitente. Ha sido cuestionada en muchos lugares por beneficiar con sus informes los proyectos extractivos, y perseguir de manera implacable a los pequeños productores y sus pozos caleta. Pero también ha tenido informes lapidadores contra Yanacocha por temas de calidad de agua.
Agua sí, oro no
En el país, el agua es una de las causas constante de conflictos sociales. Se decía que las guerras del futuro iban a ser hídricas. Estás ya han empezado y no nos terminamos de dar cuenta. ¿De qué se tratan, finalmente, las convulsiones sociales en Conga y Espinar?
Es que existe una gran preocupación por el cuidado de las fuentes de agua, que no viene precisamente de las instituciones del Estado, sino de las poblaciones y movimientos que defienden sus aguas de la contaminación producida por las empresas extractivas. En provincias hay organizaciones que se forman para protegerlas. En la Amazonía el 60% de la población no tiene agua potable ni desagüe. El Gobierno le acaba de prometer a los indígenas de la cuenca del Pastaza - río contaminado por los sucesivos derrames de la empresa Plus Petrol - que instalará 65 plantas portátiles potabilizadoras para solucionar a mediano plazo el problema del agua contaminada. Por supuesto que el anuncio no convenció a los comuneros cuyo derecho humano ha sido vulnerado desde hace años. En Loreto, por ejemplo, funciona el Comité de Defensa del Agua, liderado por Elizabeth Lozano, quien manifiesta que en el Alto Nanay, el río que abastece de agua a 500 mil personas en Iquitos, ubicado entre dos reservas nacionales y una regional, se han otorgado concesiones petroleras( lotes 123 y 129) a la empresa Gran Tierra Energy. “Toda esta zona es muy frágil y los terrenos son arenosos”, precisa.
Nadie se libra. En el sur del país, las reservas de agua de Espinar son amenazadas por la empresa Glencor Strata y el proyecto Majes-Sihuas II. En el 2012 la autoridad local del agua le dio permiso de uso a la empresa sin haber hecho el estudio de balance hídrico de los ríos Cañipía y Salado, mientras ante los ojos de los campesinos las aguas de los ríos iban cambiando de color por la presencia de metales y, por si eso fuera poco, los animales se morían. “Pero no es solo la minería que toca nuestra agua. Ahora el río Apurímac también peligra por el segundo tramo de la irrigación en Arequipa y por la construcción de la represa de Angostura”, manifiesta Sergio Sullca, asesor municipal de esa provincia.
Los arequipeños también tienen sus propios encharcados, como manifiesta Pepe Julio Gutiérrez, un dirigente crítico al proyecto minero Tía María, una mina de tajo abierto que ha contaminado las aguas del río Tambo con arsénico y boro. Siguiendo la corriente en boga, los agricultores tambinos demandan la construcción de una represa, pero el gobierno regional de Moquegua se opone porque afectaría su territorio. Gutiérrez afirma que esto no ocurre cuando son las empresas las que demandan: “Southern ha construido las represas de Chirimayuni y Umalzo, esta última sin un estudio de impacto ambiental ,y no hay problema. Anglo American Quellaveco recibe permiso para trasvasar el río Asana, el único afluente no contaminado en el Tambo, y no pasa nada.”
El agua que se destina a la minería no es una bicoca como se cree. Según un estudio hídrico realizado en el 2007 por el gobierno regional de Tacna, en Locumba el uso que hace la minería del agua es del 35.3%. Pero si les sirve de consuelo a los agricultores sureños, en la microcuenca de Río Grande en Cajamarca, la minería utiliza el 100% del agua. Según un informe del Banco de las Américas, entre 1993 y el 2004, Yanacocha consumió 125 millones de metros cúbicos de agua.
Para las compañías mineras, éste es un servicio casi regalado porque para sacar agua subterránea o superficial pagan 0.09 y 0.27 centavos de sol por metro cúbico. Además, el Estado no mide el agua que consumen. Es la empresa la que debe hacer una declaración jurada estimando cuánta usa. Una especie de contrato entre “ángeles de buena fe”.
Las jalcas del centro y sur de Cajamarca son ecosistemas frágiles, como se denominan en la Ley de Recursos Hídricos. El corazón hídrico, le llaman otros. Zonas de lagunas y bofedales donde se concentran los principales proyectos mineros además de Yanacocha: Goldfild, La Zanja, Tantahuatay, Galeno y Michikillay. César Aliaga, vice presidente del gobierno regional sostiene: “Es cierto que tienen estudios de impacto ambiental aprobados, pero éstos no miden el efecto acumulado que la presión de los megaproyectos puede ejercer sobre este corazón hídrico”. La de Conga es una auténtica lucha por el agua, y cuestiona la normativa legal. ¿Las leyes responden a la idea de la justicia hídrica?
Gotitas
Afrontar la crisis hídrica demanda acciones urgentes. El agua que discurre de nuestro caño diariamente es, en realidad, una ilusión óptica. Como hemos visto, no se trata de un recurso infinito, pero tampoco se acabará de golpe, así que los beneficios de las medidas que tomemos ahora podremos sentirlas luego de 20 años.
Fuera de cualquier cálculo electoral, ¿cómo nos estamos preparando para afrontarla? En su discurso del 28 de julio de 2012 el presidente Ollanta Humala propuso una reforma constitucional para reconocer el derecho al agua. Han pasado dos años y han habido algunas novedades en relación al tema hídrico. Ninguna relacionada a la propuesta de Humala. Todo lo contrario. En los tres años que lleva de gobierno, sus promesas de campaña respecto a la prevalencia del agua se escurrieron. Se ha continuado con un modelo que privilegia los grandes proyectos de irrigación, y que abandona la inversión pública en obras destinadas a mejorar el consumo masivo.
Ahora que el calentamiento global nos explota en la cara sentimos lo evidente: el agua que tenemos no nos va a alcanzar. De lo último que moriremos será de hidropesía.
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