Llega el fracking al Huila

La técnica de fracking, empleada en varios países, ha generado controversia y crítica de varios sectores.

El próximo miércoles 20 de agosto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, dará a conocer la lista definitiva de las empresas que reciben en adjudicación áreas de exploración no convencional de hidrocarburos en todo el país. El anuncio incluirá también al departamento del Huila (un solo bloque, el VSM 16, con trece municipios del centro, sur y occidente del departamento).

El solo anuncio ha despertado gran expectativa, no tanto por la búsqueda, ampliada a todo el país, de nuevos recursos, sino por el hecho de tratarse de la exploración “no convencional”, que puede incorporar controvertidas técnicas de exploración y explotación de petróleo y gas, conocidas como fracturación hidráulica o fracking, de enorme rendimiento, pero que han generado una polémica de trascendencia mundial.

Según la ANH, el bloque que comprende al Huila incorpora a los municipios de El Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol, El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná. VSM 16 –las letras identifican a la zona Valle Superior del Magdalena- traza un eje en una amplia zona que comprende un recorrido de sur a norte en las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena y parte del río Suaza, sin alcanzar a tocar zonas de reserva y protección ambiental, como la Serranía de las Minas o el páramo Cerro de Miraflores.

A cambio, en el bloque existen los Parques Municipales de La Plata, La Argentina, Oporapa, El Pital, Saladoblanco, Gigante, Altamira, Hobo y Elías, en el marco de una estrategia de conservación orientada por la Corporación del Alto Magdalena, Cam. Según la entidad, “estas no son áreas protegidas del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas), pero cuentan con un especial reconocimiento local”.

 La zona de fracking

El área del bloque VSM 16 es en extremo sensible, y no únicamente desde una perspectiva ambiental. En la zona, precisamente, se construye la hidroeléctrica El Quimbo, que desarrolla Emgesa; está muy próxima al lugar de explotación en la que Emerald Energy extrae hidrocarburos en Gigante y Garzón, y donde otras compañías hacen lo propio en Tesalia y el occidente del Huila.

Constituye, sin duda alguna, un territorio en el que han tomado fuerza movimientos sociales, organizaciones comunitarias y voces de autoridades locales que han comenzado a medir el impacto de la intervención de compañías nacionales y extranjeras en la explotación de recursos naturales y construcción de grandes infraestructuras. 

Precisamente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reconoce que en el Huila, municipios como El Agrado presentan el mayor índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI (con 44.9%), un evidente caldo de cultivo social para procesos como los que ya se están desarrollando –el caso de El Quimbo-, a los que se suma ahora este de la búsqueda de hidrocarburos.

Es justamente en este marco social y económico en el que surge el anuncio de la adjudicación a empresas que aprovecharán la posibilidad de petróleo y gas a través de técnicas de fracking en el Huila. Pero, ¿exactamente de qué se trata esta técnica?

El fracking

Pese a que para muchos puede sonar nueva, el fracking es una técnica utilizada en todo el mundo desde hace varias décadas, fundamentalmente en pozos para exploración y producción de hidrocarburos. La primera referencia histórica al empleo de la fracturación hidráulica para mejorar la producción de hidrocarburos en un pozo que data de 1946 y tuvo lugar en el campo Hugoton, Kansas, en Estados Unidos.

Hay que decir que el proceso se ha desarrollado de manera espectacular desde principios de los años ochenta del pasado siglo, a partir de su empleo específico y masivo en la producción de hidrocarburos no convencionales en ese mismo país. A hoy, se estima que la técnica ha sido empleada ya en más de un millón de pozos para producción de hidrocarburos, y más de cien en Europa en los últimos diez años. Cada año, se realizan unas 35.000 operaciones de fracking en todo el mundo; de momento, la mayor parte de ellas en Estados Unidos y Canadá.

Para resumirla en palabras sencillas, la fracturación hidráulica, más conocida por su término en inglés fracking, es una técnica de extracción de gas y petróleo. Se habla de yacimientos no convencionales, porque los hidrocarburos están a mucha mayor profundidad que los pozos “corrientes”, y porque las formaciones geológicas donde están los recursos están muy dispersas.

Para llegar hasta el sitio donde se localizan el petróleo o el gas, se debe perforar hasta la formación donde se encuentran los hidrocarburos, empleando una técnica de perforación mixta. En primer lugar, se perfora verticalmente y posteriormente se continúa de forma horizontal, a lo largo de varios centenares de metros y aún de varios kilómetros.

El procedimiento de “liberación” (la salida del crudo o el gas) se logra a través de la inyección de millones de litros de agua a alta presión, a la que se mezclan arena y aditivos químicos. Esa inyección causa fracturas en la tierra, que facilitan, en resumidas cuentas, la salida del petróleo y el gas. Por eso se llama fractura hidráulica: la creación de nuevas fracturas a través del uso de agua a presión. Se considera que el fracking requiere casi el doble de la cantidad de agua que necesita un pozo petrolero convencional.

Los aditivos que se aplican al agua son, usualmente, ácido clorhídrico, empleado como agente limpiador; un bactericida, para evitar la formación de colonias de bacterias que taponen los conductos bajo tierra, y sulfato amónico, que se destina a reducir la fricción del agua con tuberías y otros elementos del pozo. No son sustancias nuevas; de hecho, los expertos coinciden en que son empleadas también en la agricultura, en cosméticos y en la industria de los alimentos, entre otros.

 Polémica por efectos

Existe una controversia mundial sobre las consecuencias del fracking. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo, la técnica está en los primeros lugares de inquietudes sociales, geológicas y ambientales. Sus contradictores señalan que el fracking conlleva una serie de impactos socio ambientales a corto y largo plazo: el agua inyectada para realizar la fractura puede alojarse en fallas geológicas, produciendo la lubricación de las placas e incrementando la actividad sísmica.

Especialistas como el geólogo Julio Fierro Morales confirman que la actividad petrolera en general puede afectar, desde los procesos de sísmica, la disponibilidad de agua superficial y los niveles de aguas subterráneas. Una inclinación de hasta un metro es suficiente para generar consecuencias como la desaparición de manantiales, el secamiento de aljibes y, en situaciones críticas, el colapso de ecosistemas.

Fierro advierte que, en Estados Unidos, las nuevas tecnologías de explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales “han reconfigurado la geopolítica energética. Las investigaciones científicas, que incluyen reportes desde el propio sector, demuestran que existen miles de pozos petroleros con fugas (…) Esta situación advierte sobre la contaminación de acuíferos (reservas de agua subterráneas) que pone en riesgo el suministro de aguas para las generaciones futuras”.

Las críticas no solo hablan de contaminación de agua sino del riesgo de sismos, algunas de las cuales aparecen documentadas, mientras que otras se relacionan con técnicas como “Star”, que utilizó en el Meta la compañía Pacific Rubiales. Otro geólogo, Édgar Roa, “ha detectado una correlación entre la implementación de la tecnología de extracción petrolera denominada Star, y la ocurrencia de sismos someros (superficiales)”, según precisa Fierro.

Otros cuestionamientos se dirigen al uso de los aditivos empleados con la descarga de agua, que potencialmente podrían resultar tóxicos. En su reciente visita al Huila, el presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Castaño, dijo en diálogo con LA NACIÓN que “ese tema es algo que hay que ponerle atención, uno, porque se necesita mucha agua para poder romper la roca; dos, por los altos porcentajes de químicos que lleva esa agua y tres, el daño a los acuíferos subterráneos. Se sabe que en Europa parte de esos proyectos han sido parados por el impacto que genera, sumado a que en Estados Unidos sale con sabor a gas el agua que es impactada”.

Medidas

Tantos cuestionamientos no parecerían infundados: desde cáncer hasta temblores, el fracking es señalado de dejar el agua infestada de elementos tóxicos, de contaminar el aire y de contribuir al calentamiento global.

En su momento, el propio Gobierno nacional a través del entonces viceministro de Energía, Orlando Cabrales, aseguró que se están tomando medidas de prevención extremas: “Tuvimos el mejor conocimiento científico disponible. Me siento tranquilísimo con la forma como lo estamos haciendo”.

Recientemente, una de las autoridades mundiales en fracking, el profesor Kevin Schug, reveló los hallazgos tras analizar muestras en cien pozos en el norte de Texas, Estados Unidos, epicentro del uso de fracking. Según se informó entonces, se encontró un vínculo “indirecto” entre la técnica y la presencia de elementos como arsénico, “que excedía los límites establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, sigla en inglés)”. No obstante, se precisó que “este tema genera una polarización extrema, pero la verdad es que no hay suficiente información científica para calcular sus riesgos”.

Mientras se zanja la controversia, el Gobierno anuncia que las empresas que utilicen el fracking estarán “legalmente obligadas a revelar los químicos que ponen en el agua”, y que, por ahora, el país ya cuenta con el reglamento que expidió el Ministerio de Minas y Energía, que estableció los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Luego, en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, está la expedición del reglamento “sin el cual no es posible que compañía alguna empiece labores de exploración” a través del fracking.

Mientras el Huila se apresta a hacer parte de la controvertida geografía del uso de este tipo de técnicas (también hay bloques para perforación y explotación no convencional en el vecino departamento del Tolima), y las críticas se suman a la polémica mundial por su uso, esta semana quedará lista la decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre las empresas que desarrollarán este proceso en Colombia.

http://www.lanacion.com.co/index.php/component/k2/item/239707-llega-el-fracking-al-huila

Como funciona el capitalismo

EL CAPITALISMO Y SU FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO.

"Cerro Matoso nos está matando"

El cacique mayor del resguardo zenú del Alto San Jorge dice cuando la BHP Billiton llegó a explotar níquel, no habló de las consecuencias de esta actividad.

Por: Camila Zuluaga, Especial para El Espectador

srael Aguilar dice que la proliferación del cáncer en la comunidad indígena zenú está relacionada con la minería en Cerro Matoso. / Archivo particular

La locomotora minera que tanto ha promocionado el presidente Juan Manuel Santos, como eje del crecimiento económico del país, ha dejado, a su paso, damnificadas a diferentes poblaciones del territorio nacional. Es el caso de la comunidad indígena zenú del Alto San Jorge, que ha sufrido los efectos de la explotación de níquel por parte de la multinacional BHP Billiton en Cerro Matoso. Israel Aguilar Solano, cacique mayor de este resguardo, nos contó su historia.

¿Cuántas personas representa usted como gobernador y cacique mayor indígena zenú del Alto San Jorge?

El epicentro del resguardo zenú del Alto San Jorge se encuentra en Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré. En esos tres municipios, en la base de datos reales, hay una población de 3.500 familias para un total de 16.952 personas, esa es la población que represento de manera directa.

Usted viene adelantando una cruzada para reclamar por la violación de derechos humanos por parte de la multinacional BHP Billiton. ¿Por qué?

Porque no hemos visto un fortalecimiento al desarrollo económico en las comunidades, pese a que es una empresa de alto valor. No se han tenido en cuenta a los indígenas para darles a conocer a fondo lo positivo y negativo que tiene la explotación de ferroníquel en la región.

¿Hace cuánto empezó la explotación de níquel y ferroníquel en Cerro Matoso?

En los años 60, pero de manera directa con la construcción de los hornos en 1980. De ahí en adelante es donde empezamos a ver un cambio drástico del entorno y la población empezó a percibir los impactos territoriales, ambientales y de las fuentes hídricas.

¿Cuántos años tenía usted en los 80?

Nací en 1963, es decir, que ya estaba grandecito cuando empezó la explotación. Por eso estoy contando con evidencias claras, a pesar de que hoy muchos aluden que si uno no tiene pruebas científicas no es cierto lo que uno dice. Aquí se está afectando la salud de nuestra gente.

¿Cuáles son esos cambios que su comunidad ha experimentado desde que se inició la explotación en Cerro Matoso?

Primero el cambio paisajístico alrededor de las comunidades, porque ya el cerro está deforestado. Además, las comunidades que estaban en el cerro y cerca de él tuvieron que irse de ahí, creando poblaciones urbanas y veredas, porque había muchas familias que vivían sobre el territorio y que tenían lotes de tierra, que la empresa empezó a comprar sin dar a conocer las grandes ganancias que les podrían producir a largo plazo a las familias que estaban allí.

¿Cómo fue el proceso de compra de esos predios?

En los años 60 es cuando ellos hacen la exploración sobre el cerro y se dan cuenta de que hay un yacimiento de ferroníquel; se cree que también hay oro y cobalto, pero solamente se reporta el níquel. Desde esos años empezaron a comprarle a la gente sus terrenos muy baratos, al precio de esa época. El indígena solamente conocía de agricultura, no se había fijado que ahí existían grandes riquezas. El impacto no se vio inmediatamente porque había mucho territorio donde ir a cultivar, pero sí se veía la expansión de la empresa. Hoy la mayoría de las tierras entre Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano pertenecen a BH Billiton.

¿Cuál fue el mayor impacto con la llegada de la multinacional?

El impacto más grande fue la llegada de maquinaria y como empezaron a mover el terreno, se vivían las 24 horas con un gran ruido. Se empezaron a perder las cabeceras de las quebradas, desapareciendo algunas de ellas en su totalidad. Asimismo, se dejó de tener empleo tradicional, que es el trabajo por jornal por cambio de cosecha. Se perdió ese equilibrio armónico de la población con el entorno.

Antes de llegar la empresa a la zona, ¿cómo era la movilidad de la población?

Era de libre albedrío, se podía andar por donde uno quisiera, por los caminos reales, como se les llamaban antes. En el cerro precisamente había un camino real que cruzaba por donde estaba la comunidad, por ahí la gente pasaba para llegar a Montelíbano. Con la compra de los terrenos por parte de BHP Billiton se prohíbe el cruce del campesino por ahí. A medida que fue creciendo la zona de expansión y de explotación tuvimos que cambiar la ruta y coger otra más lejos para poder llegar al municipio de Montelíbano a comprar los enseres.

¿Por qué han dicho ustedes que se les ha vulnerado el derecho a la participación?

Porque pese a que la empresa tiene un espacio para obra no calificada, no se llama a las comunidades a decirles que tienen espacio para trabajar. No se dio a conocer lo que significaba una explotación de alta magnitud, que traería a corto y largo plazo impactos positivos, pero también negativos. Se aprovecharon de la buena fe de los habitantes de la zona. Por eso decimos que se violó el derecho a la participación, lo que hoy jurídicamente se llama consulta previa.

También han dicho que se les violó el derecho a la confianza legítima…

Sí. No se ha explicado la magnitud de lo que traería a largo plazo la explotación de níquel y ferroníquel para las comunidades, eso es lo que estoy denunciando. La gente no sabía qué era el níquel, no sabía qué se iba a extraer. Los indígenas tenemos una concepción de la tierra, no creemos que sea un elemento muerto, es un ser vivo que si se maltrata se descompone y produce muchas afectaciones. El níquel tiene otros componentes que están catalogados como contaminantes, eso no se le dijo a la gente. Y son los efectos y los perjuicios que estamos sufriendo 30 años después de estar explotándose esa mina.

Usted igualmente ha dicho que se les está violando el derecho a la integridad personal. ¿En qué se basa para decir eso?

Porque no se tomaron los controles necesarios para evitar la contaminación a las fuentes hídricas.

Cuénteme un poco sobre las enfermedades que se han ocasionado a causa de la contaminación del agua.

Hoy, 30 años después del inicio de la explotación, la empresa, por el llamado de atención que se hizo sobre la forma en que venía explotando y transportando el níquel, empezó a etiquetar sus vehículos con un letrero que decía que existe la sospecha de que el níquel produce cáncer. ¡Se sospecha! ¡Imagínese!

¿Pero qué enfermedades específicas están experimentando?

La proliferación del cáncer y el aumento del aborto. En 2011 se hizo un análisis en Pueblo Flechas a través de la Secretaría de Salud del municipio de Montelíbano, en donde se mostraba que hubo 36 embarazos, de los cuales 14 fueron abortos, o sea más de uno por mes. Para nosotros un aborto tiene un significado espiritual sin comparación, es quitarle la vida a un ser humano antes de nacer. En palabras técnicas, es un genocidio, que para nosotros como indígenas es un etnocidio.

¿Entonces quiere decir usted que les están matando a las generaciones venideras?

Sí. Quiero decirle a Cerro Matoso que no nos siga matando de esa manera, sinceramente nos están matando. La contaminación en todos estos ámbitos es acabar la vida humana. Puedo estar contaminado, yo me muero mañana, pero qué va a pasar con nuestros hijos, son ellos los que ya hoy están afectados. Entonces, ¿vale más un mineral que una vida humana? No lo creo.

¿Qué esperan ahora de Cerro Matoso?

Con 30 años que ya pasaron de explotación, que la empresa nos llame a mirar los perjuicios que se han causado y que haya un resarcimiento con la comunidad indígena por los daños ocurridos, porque hay mucha gente afectada, así ellos digan que no. Nosotros les vamos a comprobar que sí.

Las quejas ante las autoridades regionales

Les han hecho un llamado a las autoridades ambientales de la región? ¿Qué han dicho?

Como indígenas poco sabemos sobre hacer denuncias y quejas del orden jurídico. Entonces no habíamos hecho una queja ante la CVS (Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge) o al Ministerio de Ambiente. Nos quejábamos de manera directa con la empresa. Ahora que empecé este proceso de denunciar le presenté las quejas a la CVS.

¿Y qué le ha respondido?

El año pasado le solicité que me mostrara estudios técnicos de las fuentes hídricas para ver hasta dónde estaba la contaminación de las aguas. Un funcionario me dijo que el único elemento de concentración elevada en el agua era el cinc y que era normal. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es así.

¿Por qué?

Porque cuando los habitantes de Pueblo Flechas, Puente de Uré y los de Boca de Uré están en contacto directo con esas aguas y salen con rasquiña en la piel. Y en muchos casos ya no es rasquiña sino cáncer de piel.

“Voy a seguir con mi denuncia hasta la CIDH”

Qué han hecho las autoridades nacionales?

Le voy a ser sincero, uno no ponía quejas porque Cerro Matoso es una empresa de alto poder económico y jurídico, entonces lo que uno decía poco servía. De hecho, quise tener contacto con ellos y no me pusieron atención, para ellos el indígena zenú no existe.

Después de empezar  esta  cruzada de denuncia, ¿qué le han respondido las autoridades?

Hasta ahora nada.

¿De no lograr un acuerdo piensan recurrir a instancias internacionales?

Estamos agotando todos los recursos en Colombia, pero si la empresa sigue diciendo que no está causando nada y que es mentira, como dice el gerente de Cerro Matoso, voy a seguir con mi denuncia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

¿Sinceramente cree usted que tendrá que llegar hasta esa instancia?

Quiero de buena fe que la empresa en su parte técnica reconozca que fallaron en su tecnología. Nosotros como indígenas le estamos demostrando que hemos explotado y extraído otras riquezas de nuestra madre tierra sin contaminar el ambiente, sin acabar con la población humana ni afectarla.

Robert Moran, autoridad mundial en minería, analiza el riesgo de daño ambiental con esta actividad.

Sus 40 años de experiencia en el campo de la minería, primero en la Oficina de Geología Económica de Texas y del Servicio Geológico de Estados Unidos, y luego como consultor de gobiernos, compañías, abogados, universidades y ONG, le han dado reconocimiento internacional al hidrogeólogo y geoquímico estadounidense Robert E. Moran como autoridad en el tema.

Moran, quien desde 2012 es consultor de la Contraloría General y hace cuatro años tuvo su primera aproximación al proyecto aurífero de la compañía Anglogold Ashanti en La Colosa, Cajamarca (Tolima), habló con EL TIEMPO sobre los impactos de la minería a gran escala. Antes de escuchar la primera pregunta lanzó dos advertencias en defensa de sus posiciones: "No soy activista ni estoy en contra de la minería".

El experto de unos 70 años asegura que aunque existen compañías que hacen grandes esfuerzos para no generar impactos negativos, estos "siempre" se presentan, no solo durante la explotación, sino posterior al cierre de la mina, incluso siglos después.

Moran considera que los países que están empezando a vivir el auge de la minería de metales, como podría ser el caso de Colombia, tienen aún una esperanza para que los impactos se puedan prevenir.

En Colombia se viene discutiendo el desarrollo de proyectos mineros en páramos, considerados estratégicos por la producción de agua y por la biodiversidad. ¿Hay zonas donde no debe haber minería?

Creo que esas son áreas donde la minería a tajo (campo) abierto no debería ser permitida. No se debe hacer minería en áreas valiosas en términos estéticos (paisaje), biológicos (especies y recursos hídricos), de agricultura (zonas de cultivo) o político (de interés de la nación). En Europa occidental, EE. UU. o en Canadá, por ejemplo, es políticamente imposible hacer una mina de estas dimensiones cerca de una ciudad. 

Entonces, ¿cómo se puede beneficiar el país de la riqueza del subsuelo sin generar estos grandes impactos?

Se tiene que encontrar una forma de desarrollar entidades regulatorias fuertes, con el fin de que haya equilibrio de poder entre los reguladores y las empresas, y garantizar que los impactos de largo plazo corran por cuenta de los que los generan, no por el público en general. En EE. UU. o en Canadá es normal que antes de que inicie la operación de una mina, la empresa entregue una fianza o póliza. En minas grandes estos seguros son por sumas de entre 150 millones y 300 millones de dólares, porque el impacto de largo plazo, y que realmente sale costoso, es el de la contaminación del agua.

¿Qué es lo que podría contaminar las aguas en la zona de La Colosa?

La roca no solo contiene oro y plata, sino sulfuros, y ese sulfuro más tarde puede generar ácidos; eso es lo que ocasiona los altos costos ambientales. Esa roca mineralizada también contiene otros metales y químicos potencialmente tóxicos, los cuales se liberan al medio ambiente cuando se forman aguas ácidas. Estas pueden contener arsénico, antimonio, mercurio, cobre, plomo, selenio...

En Río Tinto, en el sur de España, hay evidencia de formación de ácido en las rocas, provocadas por procesos naturales, pero también por minería antigua y moderna. Ese ácido ha sido soltado en aguas subterráneas y en la superficie por entre 8.000 y 10.000 años.

También hay que pensar en la situación de Johannesburgo, de donde proviene Anglogold Ashanti (AGA). Esta ciudad está sobre una potencial catástrofe. Debajo hay túneles, la mayoría producto de viejas explotaciones de oro, y esto ha generado tanto drenaje ácido que el agua está subiendo a la superficie y acercándose a los lugares donde se encuentran los pozos poco profundos y las plantas de tratamiento. Esto generó un problema costoso para la ciudad. Ahí surge la pregunta: ¿quién va a pagar por eso? No es un problema de corto plazo.

¿Cuál es el consumo de agua que tendría el proyecto de Anglogold?

En el 2009 el gerente del proyecto declaró que la empresa requerirá más o menos 1 m3 de agua por segundo para procesar cada tonelada de roca, que es retirada del tajo y enviada a la planta de procesamiento. Esta información de AGA la citamos en reuniones públicas y en ese momento ellos la aceptaron. Entiendo que recientemente AGA duplicó el potencial de oro a 24 millones de onzas y la vida activa de la mina está estimada en entre 15 y 25 años. Allí no solo debe existir oro, también plata y otros minerales de alto valor.

La Colosa no solo genera preocupación en Cajamarca, también en Piedras (Tolima), donde Anglogold realiza actividades exploratorias, pero temen que se haga lixiviación de roca. ¿Qué impactos tendría esto?

El lugar donde se encuentra la mina (La Colosa) es un valle angosto y no hay espacio para construir una infraestructura para procesar el mineral, entonces tendrán que ir a otro lugar donde haya más espacio y mucha agua debajo de la tierra.

Entiendo que (en Piedras) hay un acuífero grande. Habrá pozos cerca de este lugar para retirar el agua que usará la planta y el nivel freático (del agua subterránea) bajará, quizás algunos de los pozos y manantiales locales se secarán; digamos que hay un río cerca y que su nivel mermará, a la vez el agua que se usa en la planta y en la pila de lixiviación (proceso para separar el oro de otros materiales) se contaminará, porque estos procesos son esencialmente de carácter químico, usan cianuro y otras sustancias tóxicas. La empresa tratará de reciclar la mayor cantidad de agua posible, pero la verdad es que mucha se echará a perder y mucha se contaminará.

¿Ese proceso de lixiviación puede alterar también el paisaje?

Las actividades que AGA pretende realizar en Piedras generarán muchos residuos que contienen metales y otros contaminantes potencialmente tóxicos. Estos residuos permanecerán en el sitio para siempre y si este no es mantenido adecuadamente, los químicos podrán ser liberados al medio ambiente.

Los residuos de la planta de procesamiento y de la pila de lixiviados de cianuro formarán grandes acumulaciones, montañas artificiales, como en Yanacocha (Perú), donde las pilas de lixiviados alcanzan más de 100 metros de altura. Sin embargo, todavía no conocemos los detalles de los planes de AGA, así que no podemos determinar el tamaño exacto de las acumulaciones de escombros.

Entonces, los impactos son muy difíciles de superar...

Son difíciles de evitar y cuando se presentan son difíciles de corregir. Lo que estoy diciendo es que algunas empresas hacen una muy buena labor para evitar estos problemas, pero es una tarea increíblemente difícil y costosa. La mayoría, después de operar 20 o 25 años, dejan algunos impactos de muy largo plazo.

¿Cómo se puede, entonces, lograr una minería sostenible?

La palabra sostenible es como esas palabras que están usando ahora los jóvenes en Estados Unidos, como por ejemplo "awesome" (se usaba cuando algo era extremadamente impresionante), pero que no corresponde al significado verdadero. Sostenibilidad tiene que ver con el largo plazo, o sea miles de años. La experiencia me muestra que siempre hay impactos negativos, pero eso no quiere decir que no haya beneficios. Lo que pasa es que muchos de esos impactos negativos son pagados por el público y no por la empresa minera.

¿Por qué las compañías se están desplazando cada vez más hacia países que no tienen tradición minera?

Eso se está dando especialmente en países en vías de desarrollo. Dado que los costos de la mano de obra son más baratos, el control es mucho más débil y que la mayoría de los minerales de alto valor en EE. UU. y Europa ya han sido descubiertos, las grandes empresas mineras están llegando a Asia central, África, Suramérica y a islas del Pacífico. Lo que estoy diciendo no es en contra de la minería, pero sí considero que es necesario que exista un equilibrio de poder entre los entes de control y las empresas, si no, los costos a largo plazo correrán por cuenta del público.

guirei@eltiempo.com

El peligro de las aguas que se vuelven tóxicas

En el país también se debaten los impactos de la minería de carbón, incluso la firma Drummond fue sancionada porque arrojó mineral al mar. ¿Cuáles son los riesgos?

En la minería de carbón, como la del oro y otros metales, el problema más grave es la contaminación crónica, lenta y semiinvisible que resulta de la filtración de aguas de pilas de desechos, aguas de los tajos y lagunas hacia las aguas subterráneas, las cuales pueden contaminar las aguas superficiales con toda clase de sales, metales y metaloides móviles. Ya podemos observar indicios de ese tipo de contaminación cerca de sitios mineros en el Cesar.

Igualmente, se genera una creciente competencia por el agua, dado que las empresas deben bombear agua fuera de los tajos durante muchos años, por lo que disminuyen los niveles freáticos locales y a su vez se secan, o al menos disminuyen los niveles de los pozos, manantiales, ciénagas y ríos. También puede haber impactos aguas abajo por la desviación de ríos.

El polvo de carbón y de rocas de desechos, que el viento transporta hacia los ríos, también contribuye a la degradación de la calidad del agua, y por eso aguas que antes eran usadas en agricultura, abrevaderos y consumo doméstico, ahora pueden estar demasiado degradadas para usarlas en estos fines sin tratamiento. 

Ese polvo contiene partículas físicas y componentes químicos, como metales, metaloides, residuos de explosivos y de combustibles, varios de ellos tóxicos para humanos y para otros organismos. Comprobar estos impactos es difícil, más cuando antes del inicio de operación de la mina no fueron recogidos los datos de línea base necesarios y las empresas ya han operado durante varios años.

Acerca de Moran

Sus conceptos han provocado la suspensión de grandes proyectos en Perú, El Salvador y Rumania, y la cancelación de otros en Perú y Argentina.

Guillermo Reinoso Rodríguez

Redacción EL TIEMPO

Drummond, una transnacional indeseable

"En las cuentas que publican (B. de la R.) para mostrar que el país es muy rico colocan en el renglón de las entradas el producto de los hidrocarburos, bananos, oro y platino, los cuales son de (...) los ingleses de Estados Unidos y de Londres" (Fernando González, 1939).

Desde 1986, la empresa estadounidense Drummond obtuvo la concesión de la mina Pribbenow, pero solo en 1995 comenzó la producción de carbón. En 1997 adquirió la mina El Descanso, y la producción comenzó en el 2009, con cerca de 1.700 millones de toneladas en reservas, y esperaba producir 30 millones de toneladas anuales a partir del 2012. Es decir, se piensan quedar entre 40 y 60 años en el Cesar y La Guajira, "zonas de sacrificio ecológico y social", según Joan Martínez Alier, profesor de la U. Autónoma de Barcelona.

El presidente de la carbonera, Garry Drummond, en su carta de presentación, afirma: "Nosotros consideramos a los trabajadores familia (...). Drummond es respetuosa de las comunidades en las que operamos. Nos esforzamos por ser un modelo de ciudadano corporativo. (...) La seguridad, la protección del medio ambiente, el desarrollo comunitario y la creación de empleo son primordiales" (drummondco.com).

Aunque Mr. Drummond considera a los trabajadores familia, el sindicato de trabajadores ha denunciado que los aspirantes a un puesto de trabajo eran sometidos al detector de mentiras, y se les preguntaba por su afiliación política. Igualmente, hay acusaciones en contra de Drummond de que la seguridad en las operaciones de transporte había aumentado debido a que los paramilitares fueron convertidos en guardias de seguridad privada, como afirma el titular 'Exparamilitares daban seguridad a la Drummond' (elespectador.com, marzo 16-2011), en relación con las revelaciones que se desprenden de los cables diplomáticos que han sido hecho públicos por WikiLeaks. También, hay acusaciones de asesinatos, entre ellos, el de dos sindicalistas en el 2001, y aunque  la Drummond fue absuelta en los tribunales de EE. UU. por tales muertes, un alto empleado, Jaime Blanco Maya (ninguna relación, GM), fue condenado por los tribunales colombianos. Si la Drummond fuera una persona natural, ya estaría en la cárcel.

Mr. Drummond, en referencia al medio ambiente, afirma: "Como líder del sector en materia de sostenibilidad ambiental, Drummond ha desarrollado técnicas medioambientales (...) (que) hemos exportado con éxito a Colombia." Sin embargo, el impacto de la explotación de carbón sobre el medio ambiente es innegable desde que se comenzó a exportar, a través de los diferentes  puertos que las carboneras tienen en la bahía de Santa Marta. El accidente de la barcaza de Drummond que se resolvió tirando el carbón al mar,  el pasado 13 de febrero, solo es el último de los múltiples sucesos de cómo Drummond se comporta con el medio ambiente. La actividad carbonera ha impactado el terrestre, las fuentes de agua, el marino y a los humanos. Los gobiernos y muchos funcionarios públicos han sido cómplices de este atentado contra nuestros recursos naturales. Incluso, el director de Invemar no dejaría bañar a sus hijos en las playas de Santa Marta (la W), pero no ha alertado al turismo y a los bañistas de semejante situación. Una pequeña multa no resuelve el asunto, y ahora menos, cuando el Ministerio de Ambiente ha nombrado en la Agencia de Licencias Ambientales, como guardiana de los recursos naturales, a una exfuncionaria del Cerrejón.

A pesar del discurso ambientalista y de seguridad industrial de altos estándares que proclama el gerente de Drummond Colombia, Augusto Jiménez, los trabajadores han denunciado la situación de su precaria salud debido a la minería del carbón. "La Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond asegura que alrededor de mil empleados padecen patologías relacionadas con la minería de carbón." Sin embargo, para el "Ministerio de Salud no hay ningún indicio de que la actividad de extracción y transporte de carbón genere un impacto en la salud pública a toda la población" ('Pedimos que Drummond se haga responsable de sus enfermos', elespectador.com, 18-2-2013). ¿Indicios? Hablemos de estudios.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, debería tener en cuenta las observaciones del exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, quien sí sabe de lo que habla, de que en la región de los Apalaches (EE. UU.) "se encontró que, en el período 1979-2004, las tasas de mortalidad asociadas al cáncer del pulmón, fallas cardíacas y enfermedades respiratorias y del hígado fueron significativamente más altas en las áreas con alta concentración minera que en áreas en donde esta actividad no existía" ('Desastre mineroambiental', eltiempo.com, 14-1-2012).

 

En cuanto a los beneficios económicos que produce la gran minería del carbón para el país, la Contraloría General de la República "concluyó que desde el 2004 las deducciones tributarias (...) para el caso del carbón superaron el valor de los impuestos en el 2007" ('La locomotora minera puja, pero el Gobierno perdió el año', elespectador.com, 23-12-2011).  Igualmente, el director de la Dian ha sido muy crítico al respecto ('Compañías mineras estarían pagando menos impuestos', portafolio.com, 22-11-2011). En este sentido, Mario Alejandro Valencia calcula que "el costo fiscal de los regalos del Gobierno (deducción de regalías de los impuestos, exención de impuestos en la compra de gasolina en las zonas de frontera, deducción de impuestos por inversión en activos de capital, etc.) a Drummond costó 218.694 millones de pesos" en el 2010.  Además,  en el 2011, Drummond le vendió a la firma japonesa Itochu el 20 por ciento de la compañía en Colombia por 1.523 millones de dólares, sin que pagara un solo centavo por su venta, que se realizó en un paraíso fiscal (Cedetrabajo, 8-2-2013).

Y, como si fuera poco, Drummond demandó al Estado colombiano ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París para que fuera compensada por los sobrecostos en que había incurrido debido al incumplimiento del gobierno colombiano de los contratos de transporte del carbón por Ferrovías, que, después de su liquidación, entregó a Fenoco, que a su turno tuvo demoras para poner en servicio el ferrocarril. En total, el Estado colombiano le tuvo que pagar 60.000 millones de pesos a Drummond el año pasado, unos 33 millones de dólares (noticiasunolaredindependiente.com, 10-2-2012).

Paradójicamente, quienes critican el déficit público y reclaman el equilibrio de las finanzas del Gobierno, los neoliberales en el poder, porque las generaciones presentes están endeudando a las generaciones futuras, son los mismos que se voltean para el otro lado cuando se trata de la enorme deuda ambiental y económica que la concesión de la explotación de los recursos naturales -sin una compensación adecuada, el agotamiento de los mismos y la contaminación del medio ambiente etc.- otorgada a las transnacionales les está dejando a las generaciones futuras de colombianos, con la complacencia del Gobierno: 'País pendejo es Colombia' (FG, 1939).

Drummond, un desastre ambiental, económico y social

Un análisis revelador y detallado del contrato leonino y de la larga cadena de abusos  y de excesos de esta compañía carbonera durante 25 años.  

Álvaro Pardo* 

​Se nos creció el gringo

Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, suscribió en 1988 con Carbocol el contrato de Aporte Minero 078 para operar La Loma, cuyos términos y condiciones le permiten actuar en los departamentos de Cesar y Magdalena como una república independiente, sin más leyes y normas que las que la compañía misma establece y que el Estado debe respetar.

Con diez años de anticipación, la compañía Drummond solicitó a la autoridad minera renovar el oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, y que arrastra un enorme historial de irregularidades e infracciones a las normas ambientales, y un ostensible desprecio por el entorno social, los derechos humanos y la legislación laboral.

Con una producción superior a los 23 millones de toneladas en el 2011,  esta compañía se ha convertido en la segunda carbonera más importante del país — después de Cerrejón — a costa de transformar, en complicidad con el Estado, un rico departamento agropecuario en un desierto en construcción.

​ Gary Drummond, un mediano productor de carbón en Alabama, Estados Unidos, con alto vuelo en Colombia. Foto: Justice For Colombia.

Contrato leonino

Quienes pensaban que Cerro Matoso era un modelo de lo que el país no debía hacer en materia de contratación minera, están equivocados. Veamos algunas joyas del contrato original y de los otrosíes que conforman el contrato 078 de 1988.

A diferencia de todos los demás contratos mineros del país — que pagan regalías por la producción en boca de mina — Drummond logró pactar que las regalías se paguen por los volúmenes que embarcan. De manera que todo el carbón que se pierda en el proceso técnico, de transporte y de embarque corre por cuenta del Estado. Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.
Todas las cifras del contrato son presuntivas. Inversión presuntiva, ganancias presuntivas, costos presuntivos y fletes presuntivos. Sobre estas cifras presuntivas, se calcularon las regalías y se pagaron los impuestos; se permitió el uso de estos estimativos, porque “la empresa requiere tener suficiente flexibilidad técnica para su adecuado desarrollo”.

Las regalías son del 15 por ciento sobre el precio FOB presuntivo. Además de ser presuntivas, las regalías no se pagan como en los demás contratos mineros —  sino el primer 5 por ciento a los 30 días del embarque y el 10 por ciento restantes otros 30 días después. Una forma elegante de financiarse con recursos del Estado.
Uno de los logros económicos más importantes para el país fue haber pactado una ganancia presuntiva equivalente a las ventas brutas de carbón menos los costos presuntivos y la renta de los activos. Como los costos presuntivos los estima Drummond, el Estado no ha recibido jamás un solo peso por este concepto.
El precio FOB del carbón de Drummond se fijó inicialmente en relación directa con el precio FOB del carbón del Cerrejón. Sin embargo, desde cuando se enajenaron los intereses de la Nación en Cerrejón, el precio fue fijado durante varios años por la misma compañía. La autoridad minera ni se inmutó por el riesgo moral de la información, pese a que es una variable fundamental para calcular las regalías y pagar impuestos.

Actualmente, las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar. Las restricciones al acceso a la información son tan grandes, que la realidad contable de la operación está cubierto con un manto de confidencialidad.

Las regalías se liquidan mediante una fórmula compleja, cuyas variables surgen sin que la autoridad minera las pueda fiscalizar.

El contrato de La Loma se extiende hasta el 23 de febrero del 2019, y el mismo contrato establece la forma como se llevará a cabo la reversión gratuita de los bienes al Estado. Sin embargo, y pese a que no hay posibilidad de renovación, desde 2009 la compañía inició gestiones orientadas a lograr una nueva prórroga de 30 años, con la misma estrategia litigiosa, irregular y mañosa de Cerro Matoso.

Entre los costos deducibles para obtener el precio FOB Boca de Mina se incluyen los costos operativos, hecho que es razonable y que se aplica a los demás contratos mineros. Pero Drummond logró también que se permitiera la deducción de costos no operativos, como amortizaciones y rendimientos sobre la inversión.
En ocasiones, los costos operativos y no operativos fueron tan altos que superaron los precios de venta del carbón y el precio FOB Boca de Mina fue negativo. La autoridad minera no tiene forma de verificar esta información.

Cuando Carbocol necesite revisar una información, designará una firma independiente, aceptable para Drummond, para verificar los pagos de las regalías, y podrá revisar todo, excepto la información de las actividades realizadas entre Drummond y las demás empresas de su grupo. Esa es la forma clásica de reducir los impuestos y regalías que pagan las multinacionales a los países pobres con recursos naturales no renovables.

La información sobre embarques es provista por un certificador independiente, nombrado y pagado por Drummond. Toda la información relevante depende de la compañía y todo el contrato está diseñado para defender sus intereses económicos.

Compras de carbón a terceros, mezclas de carbón en puertos, depreciación de bienes ya depreciados, venta de un porcentaje de  los RNNR del Estado a la japonesa Itachu y tarifas férreas son temas también grises y confusos en este contrato. En tres auditorias, la Contraloría General de la República se llamó la atención sobre estos temas, pero ni empresa, ni autoridad minera, se dieron por enterados.

En un ejercicio preliminar, la Contraloría General encontró que los costos de transporte por tonelada en tren eran inexplicablemente superiores al transporte terrestre. Por ese concepto, integrado a los costos operativos, el país habría dejado de recibir unos 60.000 millones de pesos en 2005.

Por ejemplo, el carbón que fue arrojado al mar el pasado 13 de enero es una pérdida para el Estado.

En fin, el análisis del contrato revela la gran debilidad negociadora del Estado; su desmedido afán de atraer a cualquier costo a inversionistas extranjeros para que, mediante la explotación acelerada de los recursos naturales no renovables, se cree un flujo de caja representado por impuestos y regalías; el poder de las multinacionales para imponer sus propias condiciones, desde luego muy provechosas para los privados, y el profundo desprecio por todos los demás aspectos del entorno minero: el medio ambiente, la comunidad, los trabajadores, los derechos humanos y los poblados confinados.

En los Contratos de Aporte firmados con Drummond, Cerro Matoso, Prodeco y Cerrejón, los mayores productores de carbón y níquel, se manifiestan tanto el poder de las multinacionales para diseñar un esquema contractual que les permite maximizar sus ganancias como la ausencia de un Estado y una política minera que defienda los intereses de los colombianos.

Un estorbo para la gran minería

Decenas de estudios académicos, independientes y de los organismos de control coinciden en el inmenso daño ambiental de las diversas operaciones de gran minería a cielo abierto que se adelantan sin mayor control oficial en la zona central del departamento de Cesar.

Al proceso de desertización lo acompañan las corridas del río Calenturitas, la desaparición de arroyos y de grandes superficies de vocación agrícola y pecuaria, y las oleadas de polvillo de carbón que azotan la salud de niños y ancianos,

A esto se agrega la negativa de la compañía para tomar medidas que reduzcan la emisión de polvillo del carbón durante la explotación y el transporte, así como la burla a las normas que lo obligan al cargue directo del mineral en el puerto en Santa Marta. El plazo para iniciar el cargue directo ha sido, inexplicablemente, ampliado por el gobierno de 2010 [1] a 2014. Muchos apuestan a que la compañía logrará una nueva extensión de este plazo.

El reciente vertimiento de carbón al mar en inmediaciones de Ciénaga, cerca a Santa Marta (un hecho que Sandra P. Vilardy  analiza en esta misma entrega de Razón Pública)  es una muestra más de su ineficiente sistema de carga, de la desidia frente al ecosistema natural, del desconocimiento deliberado del procedimiento de manejo de contingencias y de la falta de transparencia y ética empresarial.

No obstante, el expresidente de Drummond, Augusto Jiménez, repite con frecuencia que la minería en Colombia se está marchitando debido a las trabas de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a la ineficiencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a los indígenas que no dejan trabajar y a las ONGs ambientalistas que le generan un mal ambiente al sector.

 Sin sonrojarse siquiera, repitió esta diatriba durante una cumbre de la gran minería con presencia del presidente Santos el pasado 29 de enero, dos semanas después del ecocidio frente a las playas de Santa Marta.

La Drummond ha recibido varias multas por infracciones a las normas ambientales:

• el 17 de julio del 2007, mediante resolución 1286 de 2007, el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso una multa por 140 millones de pesos,  por contaminar el mar y por no haber tomado los correctivos correspondientes para el transporte adecuado del mineral.
• También en 2007, el mismo ministerio multó con 130 millones de pesos a American Port Company Inc. por exportar más carbón del autorizado;
• En 2008, la compañía debió pagar otra multa de 1.700 millones de pesos, por la construcción de corredores y vías sin licencia ambiental.

El oneroso contrato de Aporte Minero de La Loma, que vence en el 2019, arrastra un enorme historial de irregularidades e ​infracciones a las normas ambientales. Foto: sintramienergeticanacional.blogspot.com

Con cara gana Drummond, con sello pierde el país

El contrato original establece que cuando Drummond incumpla el contrato, si paga la multa en los siguientes primeros diez días, el hecho no se considerará un incumplimiento y no quedará registrado en el expediente.

Sin embargo, cuando el incumplimiento es imputable al Estado, como fue el caso de Ferrovías, Drummond no dudó en demandar ante la Cámara de Comercio Internacional de París, pleito que ganó y que significó un costo de unos 60.000 millones de pesos para la Nación. De acuerdo con los documentos disponibles sobre la materia y al informe de Noticias Uno el pasado 9 de febrero, el gobierno pagó la multa a Drummond el 28 de diciembre de 2012.

Otro tema que llama la atención: Peter Burrowes, presidente de FENOCO entre junio de 2008 y agosto de 2012 — empresa que heredó la demanda de Drummond contra Ferrovías y quien en ese periodo ha debido defender los intereses del Estado --, fue nombrado en noviembre de ese mismo año Vicepresidente Ejecutivo de Drummond Internacional. Aunque se alega que la puerta giratoria no tiene nada de ilegal, por lo menos sí se nota un cierto grado de indelicadeza que deja mucho que pensar.

“Estamos muy orgullosos de nuestro historial en Colombia”, dijo Drummond en un comunicado recientemente expedido, en el que además se declaran víctimas del asalto intelectual de sus críticos. Este es el cinismo con que actúan en Colombia estas compañías, especialmente las que conforman el gremio de la Minería a Gran Escala.

Proven Excellence in Colombia

Pobladores de El Hatillo, Plan Bonito y Boquerón esperan desde 2010 que Drummond, entre otras, comiencen la ejecución del plan de reubicación para escapar de la grave polución causada por la explotación de carbón a cielo abierto.

Confinados en sus casas, presionados por montañas de material estéril, con problemas de salud y sin alternativas de vida, los habitantes de las áreas de influencia esperan que gobierno y compañías mineras se pongan de acuerdo para solucionar este grave problema de confinamiento, una de las formas más atroces de atropello a la comunidad.

Recientemente, un juez penal condenó a 37 años de cárcel a un contratista de Drummond por el asesinato de dos sindicalistas de la empresa en 2001. El condenado, Jaime Blanco Maya, insiste en que la orden del asesinato provino de la cúpula de Drummond. Según el artículo de El Nuevo Herald del 10 de febrero de 2013, el juez ordenó a la Fiscalía investigar a Gary Drummond y a Augusto Jiménez.

Más de 400 trabajadores y extrabajadores con incapacidad por enfermedades profesionales y asma ocupacional (sílice + carbonilla en los pulmones), hablan mal del programa de salud ocupacional. Aquí el Ministerio de Salud ha sido el gran ausente de esta problemática.

Más allá de lo que pagan por regalías e impuestos, esta compañía — cuyo lema es Proven Excellence in Colombia — ha resultado un auténtico desastre para los colombianos. Ojalá la autoridad minera tuviera el valor civil de NO renovar el contrato minero.

*  Director de Colombia Punto Medio

** Los documentos utilizados en este artículo en
www.colombiapuntomedio.com